La reforma 2021 a la ley de outsourcing tuvo como objetivo evitar el fraude fiscal y el incumplimiento de los derechos laborales por parte de los contratistas, entre otros.
Indiscutiblemente, la introducción de esta reforma ha tenido un efecto tanto en los empleados como en las empresas, significando un cambio en la forma de operar de estas últimas.
Objetivos del cambio legislativo relativo al outsourcing
Los objetivos principales de la revisión de 2021 de la legislación relativa al outsourcing eran combatir las operaciones de subcontratación poco éticas, evitar el fraude fiscal y defender los derechos de los trabajadores.
Para ello, pretendía ilegalizar la subcontratación laboral, teniendo en cuenta que hacerlo implica que una persona física o jurídica utilice a sus propios empleados como mano de obra para otra. En realidad, antes de la reforma, el modelo de subcontratación empleaba cerca de 5 millones de trabajadores, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin embargo, sí permite la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de tareas especializadas que no entren dentro de los objetivos generales de la empresa o de su actividad principal.
¿Cómo afecta a las empresas la legislación sobre subcontratación?
La modificación de 2021 de la legislación mexicana sobre subcontratación obligó a las empresas a añadir a sus nóminas empleados que trabajaban para ellas aunque estuvieran contratados por otra empresa, lo que añadió más trabajo administrativo a sus cargas de trabajo.
El ahorro de tiempo, dinero e infraestructura que supone el cambio es significativo tanto para las grandes como para las pequeñas empresas, pero es especialmente crucial para las primeras. Adicionalmente, deben pasar por las restricciones antes señaladas. En su mayoría están inscritas en el REPSE, registro a cargo de la STPS, donde esto ocurre.
¿Cómo impacta la legislación sobre outsourcing a los empleados?
Los impactos de esta política en los empleados son diversos. Uno de los primeros es el aumento de despidos de empleados que utilizaban esta modalidad antes de la reforma 2021 y que no necesariamente serían contratados por las empresas en las que trabajaban, lo que provocaría más desempleo.
